(José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz) y Juan Rubio-Ramírez)

Una versión reducida de este post salió publicada en El Pais el 21 de octubre.
En el año 2010, España inició el proceso de consolidación fiscal más importante de su historia. Desde entonces el gasto público se ha reducido en poco más del 2,2 puntos de PIB, hasta situarse en el 44,3 % del mismo en 2013. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante este mismo periodo el gasto en intereses se ha disparado y que, de no haber sido así, la caída del gasto publico habría sido aún mayor; de 4 puntos de PIB. No obstante, la bajada del gasto no se ha repartido por igual en todas las administraciones. Sólo las Comunidades Autónomas (CCAA) y los ayuntamientos han sido capaces de reducir sus gastos (-14% y -21%, respectivamente). Por el contrario, tanto la Administración Central, principalmente por el aumento del gasto en intereses, como la Seguridad Social, por el aumento del gasto en pensiones, han visto incrementados sus gastos en un 3,4% y un 2,6%, respectivamente.
Por el lado de los ingresos se observa el mismo comportamiento. Mientras que la Administración Central ha aumentado sus ingresos en 10.155 millones, tanto los ayuntamientos como las CC.AA. los han reducido en -3.382 y -1.600 millones, respectivamente. La estrategia de consolidación diseñada por el ejecutivo parece clara: limitar los ingresos y el déficit a las CC.AA., de forma que los gobiernos autonómicos se vean obligadas a reducir el gasto irremediablemente.
Por el momento, parece que esta estrategia ha funcionado ya que las CC.AA. tienen poca capacidad normativa sobre sus ingresos. Por si esto no fuera suficiente, las CCAA son las encargadas de gestionar gastos tan sensibles como la sanidad y la educación. Así, no es de extrañar que entre los años 2010 y 2012, el gasto en educación se ha reducido en un -11% y el gasto en Sanidad se ha reducido en casi un -9%. Estas caídas serán aun mayores cuando conozcamos los últimos datos.
En el año 2013, gracias a la nueva medida del PIB, el conjunto de las Administraciones Públicas ha conseguido cumplir con el objetivo de déficit por primera vez desde que iniciamos el proceso de consolidación fiscal. Hemos cerrado el año 2013 con un déficit del -6,3%, dos décimas por debajo del objetivo. No obstante, el déficit de las CCAA en 2013 fue del -1,5% del PIB rebasando el objetivo fijado por Bruselas en dos décimas. A pesar del nuevo incumplimiento, el ajuste del déficit de las CC.AA. desde el año 2010 ha sido sustancial: 2,2 puntos de PIB. Tal y como hemos visto anteriormente, para lograr tal reducción, ante la escasa competencia normativa para aumentar sus ingresos, las CCAA no han tenido otra opción que reducir sus gastos en educación y sanidad.
¿Cómo pintan las cosas para este año? Como se puede ver en la siguiente Tabla, en el mes de Julio, el déficit de las CCAA se ha situado en -0,98% del PIB, es decir, en el nivel que nos habíamos comprometido para todo el año y dos décimas peor que en el mismo periodo del año anterior. Esto es debido a una caída del -1,8 % en los ingresos no financieros (principalmente por las caída de las Entregas a Cuenta y Liquidaciones) y a un aumento de los gastos del 1,5% (principalmente por el aumento del Gasto Corriente en Bienes y Servicios y el Gasto en Intereses). Según nuestras estimaciones, el déficit de las CCAA se situará en el entorno del -1,8%, o sea, muy lejos del objetivo. Parece que la estrategia está llegando a su final, ya que las CCAA parecen no tener capacidad adicional para reducir sus gastos. Además, lejos de solucionarse, los problemas de ingresos para las CCAA continuarán en 2015.
ajuste
Pero, ¿de dónde vienen los ingresos de las CCAA? Tal como explicamos en este post, las CCAA tienen dos fuentes de ingresos. Sin tener en cuenta a las Comunidades Forales, el 80% de los ingresos provienen del mecanismo de Entregas a Cuenta y Liquidaciones y el 20% restante lo llamaremos resto de ingresos. El resto de ingresos está formado por los impuestos cedidos (ITP y AJD, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Otros Impuestos Directos e Indirectos) y por venta de sus propios activos. Las Entregas a Cuenta tienen a su vez dos fuentes: Impuestos compartidos (50% IVA, 50% IRPF, el 58% Impuestos Especiales) y los Fondos (Garantía, Suficiencia Global y Convergencia Autonómica). A los dos años se produce la liquidación de dichas entregas, las CCAA reciben más dinero si la recaudación real fue mejor que la presupuestada o menos si es al contrario. Como la mayor parte de los ingresos de las CCAA provienen de impuestos compartidos y fondos gestionados por la administración central, la única vía para aumentarlos es a través del resto de ingresos. El aumento de la recaudación a través de estos ingresos es bastante complicado por englobar a impuestos asociados con el sector inmobiliario o de carácter no recurrente, como los obtenidos con la venta de inmuebles. Aquí encontramos parte de la explicación del mal dato de déficit y es que las CCAA no son capaces de alcanzar el nivel de ingresos presupuestado inicialmente. Apenas si han conseguido alcanzar el nivel del año pasado cuando estimaban recaudar por esta vía un 20% más.
La historia se repite año tras año. Según los recién presentados Presupuestos Generales del Estado, los ingresos tributarios del Estado van a aumentar con respecto a la liquidación prevista en 2014 en unos 9.000 millones, pero para las CCAA lo harán en algo menos de 1.000 millones. Es decir, los aumentos recaudatorios siguen sin llegar a las comunidades. El Gobierno es consciente de la incapacidad de las CCAA para obtener suficientes ingresos para financiar sus gastos, pero retrasa la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. La razón nos parece clara. Moncloa sabe que si reforma la financiación de las CCAA necesitará aumentar los ingresos de las AAPP; es decir, subir la presión fiscal, y hacerlo en un año electoral tiene unos costes políticos que no está dispuesto a asumir.
Pero la crisis fiscal en España en general, y la de las CCAA en particular, no se solucionará hasta que se lleve a cabo una profunda reforma fiscal que mejore la recaudación sin dañar el crecimiento. Esta reforma no solo debe abordar el mejor diseño de los impuestos conocidos (principalmente el IRPF, Sociedades o IVA), sino también una reforma del ineficiente y opaco Sistema de Financiación Autonómica que ahoga a las CCAA y en última instancia corre el riesgo de desmantelar la sanidad y la educación pública.